domingo, junio 17, 2007
viernes, junio 08, 2007
Golpe al plan migratorio en Estados Unidos
No acumulan los votos para cerrar el debate; el futuro del proyecto es incierto
Maribel Hastings
Corresponsal de La Opinión
08 de junio de 2007
WASHINGTON, D.C.— El proyecto de reforma migratoria integral sufrió anoche un severo y potencialmente fatal revés en el Senado al no acumular, por segunda vez en el día, los 60 votos requeridos para cerrar el debate y proceder a un voto final. Un total de 45 senadores votaron a favor de cerrar el debate y 50 votaron en contra.
Los arquitectos del colapsado acuerdo dijeron que seguirán adelante. "No nos daremos por vencidos", declaró el senador demócrata de Massachusetts, Edward Kennedy.
Empero, muchos temen que el voto suponga el fracaso de la reforma.
Tal y como lo prometió, el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, dejó de lado la medida migratoria para proceder a otros temas pero dejó la puerta abierta a retomarla una vez puedan arribar a un acuerdo sobre cómo proceder.
Horas antes había dicho que de no reunir los 60 votos el proyecto se daría por terminado. El impasse lo provocó el argumento republicano de que no se le habría permitido ofrecer suficientes enmiendas y la respuesta demócrata de que los republicanos sólo están alargando el debate para tratar de matar un proyecto que de todos modos no apoyarían sin importar los cambios que se le hagan.
"Quiero completar este proyecto, pero no puedo hacerlo solo y no podemos [los demócratas] hacerlo solos", declaró Reid. "Todos tenemos que trabajar, incluyendo al presidente [George W. Bush] si queremos que este proyecto sea aprobado", dijo Reid.
El líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, instó a Reid a "retornar a este tema en un futuro cercano".
Reid indicó que se sometieron 42 enmiendas, 28 con votos directos (15 enmiendas demócratas y 13 republicanas) y 14 votos por aclamación (nueve demócratas y cinco republicanas).
Horas antes, la medida, producto de un frágil acuerdo entre senadores de ambos partidos, falló su primer intento de cierre de debate al acumular 33 votos a favor y 63 en contra, incluyendo 15 demócratas, entre esos, la senadora demócrata de California Bárbara Boxer, quien también votó en contra del cierre en la segunda votación. La otra senadora de California, Dianne Feinstein, votó a favor del cierre en las dos oportunidades.
Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda están descontentas con diversos componentes del proyecto. Algunos han buscado la forma de torpedearlo. Por ejemplo, en la medianoche del jueves, el Senado aprobó una enmienda demócrata que fija una fecha de expiración al plan de trabajadores temporales y que había sido rechazada la semana pasada por considerarse que "mataría" el proyecto. Pero algunos que votaron en contra la semana pasada, el jueves votaron a favor.
Las mutuas acusaciones y la búsqueda de culpables por el impasse y la suerte del proyecto no se hicieron esperar.
Reid declaró que si el proyecto muere será, sin duda, un fracaso para Bush porque después de todo, "este es el proyecto del Presidente", y no pudo convencer a los senadores de su propio partido para apoyarlo.
"Es obvio para mí que el proyecto de este año no es demócrata. Es un proyecto en el cual demócratas y republicanos trabajaron, en el cual funcionarios del gabinete trabajaron. Este es el proyecto del Presidente y estamos dando nuestro mayor esfuerzo en tratar de ayudar al Presidente", indicó Reid.
Agregó que le indicó al secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Michael Chertoff, que el Presidente tenía que conseguir los votos republicanos porque si el voto de cierre sólo conseguía apoyo demócrata, ya podía ver los titulares diciendo que "el Presidente fracasa una vez más".
McConnell reiteró que necesitaban más tiempo para someter más enmiendas. "La mayoría no va a llegar a ningún lado" tratando de vapulear a la minoría, dijo.
La coalición que mantuvo el acuerdo a flote la integran sólo tres senadores demócratas: Edward Kennedy, Ken Salazar y Feinstein, de Massachusetts, Colorado y California, respectivamente, y nueve republicanos.
Frank Sharry, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, indicó que ciertamente hay más republicanos opuestos al proyecto, pero también hay demócratas en contra por lo cual, si fracasa, habría que compartir la culpa.
Es una lucha por ver si el centro prevalece sobre la extrema izquierda o la extrema derecha, dijo.
Pero los verdaderos perdedores, agregó, son los millones de indocumentados, las personas que "no están en la mesa de poder", y a nombre de ellos, dijo, le piden a los senadores que "hagan algo concreto".
Pese a que los demócratas son la mayoría, la medida, sin duda, se inclina a la derecha de la balanza política y deja de lado muchos preceptos por los que abogan los grupos pro inmigrantes e hispanos en temas como la reunificación familiar o beneficios de legalización.
"No hay duda de que la gran mayoría de esta ley es un concepto republicano...y no nos hemos movido mucho de ese concepto, y todas las enmiendas venenosas que han sido adoptadas han sido ofrecidas por senadores republicanos", declaró el senador demócrata de New Jersey, Bob Menéndez.
Su enmienda de reunificación familiar no acumuló los 60 votos que requería bajo un procedimiento parlamentario. Apuntó, por ejemplo, que todos los demócratas votaron por su enmienda, pero que fue la oposición la que invocó el voto parlamentario para requerir 60 votos y los republicanos le votaron en contra.
Con todo, los demócratas mantuvieron el apoyo al proyecto argumentando que existía la posibilidad de enmendarlo en el proceso legislativo.
Varios de los grupos hispanos nacionales han mantenido la misma postura, aunque hay otros que por lo bajo o públicamente dicen que es mejor que el proyecto salga de circulación porque el producto, hasta ahora, es nefasto. La medida altera el sistema de inmigración legal futura de EU de uno basado en lazos familiares a uno que da mayor peso al nivel educativo y profesional de los inmigrantes.
Pero de otra parte, saben que es la última oportunidad que tendrían en años de tratar de obtener un plan de legalización —aunque largo, complejo y costoso— para millones de indocumentados.
www.laopinion.com
Maribel Hastings
Corresponsal de La Opinión
08 de junio de 2007
WASHINGTON, D.C.— El proyecto de reforma migratoria integral sufrió anoche un severo y potencialmente fatal revés en el Senado al no acumular, por segunda vez en el día, los 60 votos requeridos para cerrar el debate y proceder a un voto final. Un total de 45 senadores votaron a favor de cerrar el debate y 50 votaron en contra.
Los arquitectos del colapsado acuerdo dijeron que seguirán adelante. "No nos daremos por vencidos", declaró el senador demócrata de Massachusetts, Edward Kennedy.
Empero, muchos temen que el voto suponga el fracaso de la reforma.
Tal y como lo prometió, el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, dejó de lado la medida migratoria para proceder a otros temas pero dejó la puerta abierta a retomarla una vez puedan arribar a un acuerdo sobre cómo proceder.
Horas antes había dicho que de no reunir los 60 votos el proyecto se daría por terminado. El impasse lo provocó el argumento republicano de que no se le habría permitido ofrecer suficientes enmiendas y la respuesta demócrata de que los republicanos sólo están alargando el debate para tratar de matar un proyecto que de todos modos no apoyarían sin importar los cambios que se le hagan.
"Quiero completar este proyecto, pero no puedo hacerlo solo y no podemos [los demócratas] hacerlo solos", declaró Reid. "Todos tenemos que trabajar, incluyendo al presidente [George W. Bush] si queremos que este proyecto sea aprobado", dijo Reid.
El líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, instó a Reid a "retornar a este tema en un futuro cercano".
Reid indicó que se sometieron 42 enmiendas, 28 con votos directos (15 enmiendas demócratas y 13 republicanas) y 14 votos por aclamación (nueve demócratas y cinco republicanas).
Horas antes, la medida, producto de un frágil acuerdo entre senadores de ambos partidos, falló su primer intento de cierre de debate al acumular 33 votos a favor y 63 en contra, incluyendo 15 demócratas, entre esos, la senadora demócrata de California Bárbara Boxer, quien también votó en contra del cierre en la segunda votación. La otra senadora de California, Dianne Feinstein, votó a favor del cierre en las dos oportunidades.
Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda están descontentas con diversos componentes del proyecto. Algunos han buscado la forma de torpedearlo. Por ejemplo, en la medianoche del jueves, el Senado aprobó una enmienda demócrata que fija una fecha de expiración al plan de trabajadores temporales y que había sido rechazada la semana pasada por considerarse que "mataría" el proyecto. Pero algunos que votaron en contra la semana pasada, el jueves votaron a favor.
Las mutuas acusaciones y la búsqueda de culpables por el impasse y la suerte del proyecto no se hicieron esperar.
Reid declaró que si el proyecto muere será, sin duda, un fracaso para Bush porque después de todo, "este es el proyecto del Presidente", y no pudo convencer a los senadores de su propio partido para apoyarlo.
"Es obvio para mí que el proyecto de este año no es demócrata. Es un proyecto en el cual demócratas y republicanos trabajaron, en el cual funcionarios del gabinete trabajaron. Este es el proyecto del Presidente y estamos dando nuestro mayor esfuerzo en tratar de ayudar al Presidente", indicó Reid.
Agregó que le indicó al secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS), Michael Chertoff, que el Presidente tenía que conseguir los votos republicanos porque si el voto de cierre sólo conseguía apoyo demócrata, ya podía ver los titulares diciendo que "el Presidente fracasa una vez más".
McConnell reiteró que necesitaban más tiempo para someter más enmiendas. "La mayoría no va a llegar a ningún lado" tratando de vapulear a la minoría, dijo.
La coalición que mantuvo el acuerdo a flote la integran sólo tres senadores demócratas: Edward Kennedy, Ken Salazar y Feinstein, de Massachusetts, Colorado y California, respectivamente, y nueve republicanos.
Frank Sharry, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, indicó que ciertamente hay más republicanos opuestos al proyecto, pero también hay demócratas en contra por lo cual, si fracasa, habría que compartir la culpa.
Es una lucha por ver si el centro prevalece sobre la extrema izquierda o la extrema derecha, dijo.
Pero los verdaderos perdedores, agregó, son los millones de indocumentados, las personas que "no están en la mesa de poder", y a nombre de ellos, dijo, le piden a los senadores que "hagan algo concreto".
Pese a que los demócratas son la mayoría, la medida, sin duda, se inclina a la derecha de la balanza política y deja de lado muchos preceptos por los que abogan los grupos pro inmigrantes e hispanos en temas como la reunificación familiar o beneficios de legalización.
"No hay duda de que la gran mayoría de esta ley es un concepto republicano...y no nos hemos movido mucho de ese concepto, y todas las enmiendas venenosas que han sido adoptadas han sido ofrecidas por senadores republicanos", declaró el senador demócrata de New Jersey, Bob Menéndez.
Su enmienda de reunificación familiar no acumuló los 60 votos que requería bajo un procedimiento parlamentario. Apuntó, por ejemplo, que todos los demócratas votaron por su enmienda, pero que fue la oposición la que invocó el voto parlamentario para requerir 60 votos y los republicanos le votaron en contra.
Con todo, los demócratas mantuvieron el apoyo al proyecto argumentando que existía la posibilidad de enmendarlo en el proceso legislativo.
Varios de los grupos hispanos nacionales han mantenido la misma postura, aunque hay otros que por lo bajo o públicamente dicen que es mejor que el proyecto salga de circulación porque el producto, hasta ahora, es nefasto. La medida altera el sistema de inmigración legal futura de EU de uno basado en lazos familiares a uno que da mayor peso al nivel educativo y profesional de los inmigrantes.
Pero de otra parte, saben que es la última oportunidad que tendrían en años de tratar de obtener un plan de legalización —aunque largo, complejo y costoso— para millones de indocumentados.
www.laopinion.com
RCTV y el silencio latinoamericano
8/6/2007 11:43 AM - Medios
El diario The Washington Times dedica hoy su editorial al cierre de Radio Caracas Televisión y a los recientes sucesos de la última semana en Venezuela, sin dejar de hacer un severo reproche al silencio cómplice de los presidentes latinoamericanos.
Tomado del portal Noticias24
Editorial
Chávez y el silencio de América Latina
Después de que el presidente Hugo Chávez convirtiera a la popular televisora RCTV en otro más de los medios de comunicación controlados por el gobierno, el 27 de mayo, una inusual combinación de estudiantes, periodistas y estrellas de la TV se enfrentaron valientemente contra el gas lacrimógeno, cañones de agua y perdigones de goma para reunirse en las calles en una demostración de antagonismo. Las protestas estudiantiles continúan, aunque un poco más reducidas. Para muchos estudiantes, éste es su primer roce con el activismo político, y parece basarse más en los principios que en la política.
Los estudiantes no se han alineado con políticos de oposición, aunque algunos funcionarios venezolanos los acusan de ello. La furia tras el cierre de RCTV no fue simplemente un golpe al staff de la emisora, periodistas y estudiantes: RCTV era la cadena más popular de Venezuela, y un abrumador porcentaje de venezolanos se opuso a su clausura.
Chávez, sin embargo, no retrocedió. Descalificó a los estudiantes y amenazó a otra televisora privada después de que ésta cubriera al aire las protestas. Su decisión, pronto se vio claramente, fue la de responder a la oposición con controles opresivos aún mayores.
La respuesta en Venezuela ha sido clamorosa, la crítica desde otros países no fue menos amarga. La Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, lo calificó como “un conflicto entre Venezuela y los principios democráticos”.
En camino a Panamá, esta semana, dijo a la prensa que “cuando comienzas a cerrar televisoras porque expresan su oposición a tu liderazgo… ésa es, de hecho, una acción en contra de la democracia”. El Senado denunció también el cierre de RCTV en un documento apoyado por ambos partidos. El presidente de la Comisión Europea lo llamó “un retroceso”, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando la medida de Chávez.
Los grupos no gubernamentales fueron más estridentes. Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité de Protección a los Periodistas ofrecieron duros reproches. Pero Chávez demostró de nuevo su habilidad para desestimar este tipo de atención internacional, ignorando las críticas y burlándose del regaño estadounidense.
Las críticas por parte de otros líderes latinoamericanos hubieran sido más difíciles de desestimar, pero ninguno de los gobiernos de los tres países más grandes de la región - Brasil, México y Argentina - tomaron posición contra el claro deterioro de la democracia venezolana. Ni lo hizo la OEA, que concluyó una reunión de su Asamblea General esta semana con una declaración tibia y genérica en apoyo a la libertad de prensa, omitiendo mencionar a Venezuela o a RCTV. Los EEUU solicitaron una investigación de la OEA, Chávez se negó, y la investigación se abortó antes de comenzar.
En el contexto de la sórdida historia latinoamericana de dictaduras y represión política, y el fuerte crecimiento del número de países en la región con gobiernos de centroizquierda que han abrazado la liberalización política y económica, es decepcionante que algunos líderes reaccionen tan alegremente al retorno de la izquierda autoritaria. “El juego está claro”, escribió un comentarista en el principal periódico liberal, El Nacional: “La democracia se erosiona frente a nosotros”. El que otros líderes latinoamericanos lo dejaran pasar sin abrir la boca es vergonzoso.
www.talcualdigital.com
8/6/2007 11:43 AM - Medios
El diario The Washington Times dedica hoy su editorial al cierre de Radio Caracas Televisión y a los recientes sucesos de la última semana en Venezuela, sin dejar de hacer un severo reproche al silencio cómplice de los presidentes latinoamericanos.
Tomado del portal Noticias24
Editorial
Chávez y el silencio de América Latina
Después de que el presidente Hugo Chávez convirtiera a la popular televisora RCTV en otro más de los medios de comunicación controlados por el gobierno, el 27 de mayo, una inusual combinación de estudiantes, periodistas y estrellas de la TV se enfrentaron valientemente contra el gas lacrimógeno, cañones de agua y perdigones de goma para reunirse en las calles en una demostración de antagonismo. Las protestas estudiantiles continúan, aunque un poco más reducidas. Para muchos estudiantes, éste es su primer roce con el activismo político, y parece basarse más en los principios que en la política.
Los estudiantes no se han alineado con políticos de oposición, aunque algunos funcionarios venezolanos los acusan de ello. La furia tras el cierre de RCTV no fue simplemente un golpe al staff de la emisora, periodistas y estudiantes: RCTV era la cadena más popular de Venezuela, y un abrumador porcentaje de venezolanos se opuso a su clausura.
Chávez, sin embargo, no retrocedió. Descalificó a los estudiantes y amenazó a otra televisora privada después de que ésta cubriera al aire las protestas. Su decisión, pronto se vio claramente, fue la de responder a la oposición con controles opresivos aún mayores.
La respuesta en Venezuela ha sido clamorosa, la crítica desde otros países no fue menos amarga. La Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, lo calificó como “un conflicto entre Venezuela y los principios democráticos”.
En camino a Panamá, esta semana, dijo a la prensa que “cuando comienzas a cerrar televisoras porque expresan su oposición a tu liderazgo… ésa es, de hecho, una acción en contra de la democracia”. El Senado denunció también el cierre de RCTV en un documento apoyado por ambos partidos. El presidente de la Comisión Europea lo llamó “un retroceso”, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando la medida de Chávez.
Los grupos no gubernamentales fueron más estridentes. Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité de Protección a los Periodistas ofrecieron duros reproches. Pero Chávez demostró de nuevo su habilidad para desestimar este tipo de atención internacional, ignorando las críticas y burlándose del regaño estadounidense.
Las críticas por parte de otros líderes latinoamericanos hubieran sido más difíciles de desestimar, pero ninguno de los gobiernos de los tres países más grandes de la región - Brasil, México y Argentina - tomaron posición contra el claro deterioro de la democracia venezolana. Ni lo hizo la OEA, que concluyó una reunión de su Asamblea General esta semana con una declaración tibia y genérica en apoyo a la libertad de prensa, omitiendo mencionar a Venezuela o a RCTV. Los EEUU solicitaron una investigación de la OEA, Chávez se negó, y la investigación se abortó antes de comenzar.
En el contexto de la sórdida historia latinoamericana de dictaduras y represión política, y el fuerte crecimiento del número de países en la región con gobiernos de centroizquierda que han abrazado la liberalización política y económica, es decepcionante que algunos líderes reaccionen tan alegremente al retorno de la izquierda autoritaria. “El juego está claro”, escribió un comentarista en el principal periódico liberal, El Nacional: “La democracia se erosiona frente a nosotros”. El que otros líderes latinoamericanos lo dejaran pasar sin abrir la boca es vergonzoso.
www.talcualdigital.com
***
RCTV y los Derechos Humanos en Venezuela
Luis Sánchez
Viernes, 8 de junio de 2007
"Estoy en completo desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida por tu derecho a expresarlas..." Frase de Evelyne Beatrice Hall atribuida a Voltaire
La variación que ha experimentado la democracia a lo largo de la historia, así como de una sociedad a otra, ha hecho que el debate acerca de lo que debemos esperar de ella permanezca vigente. Pero en la actualidad existe consenso suficiente en que la democracia debe ser un régimen que promueva el ejercicio de los Derechos Humanos. Su consecución son los medios y el fin mismo de la democracia. No en vano todos los países que en la actualidad han asumido esta forma de gobierno están adscritos a la ONU, con lo cual suscriben la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Incluso en varios de estos países, como en el caso venezolano, sus Constituciones señalan de manera expresa este compromiso.
No obstante haber asumido tal responsabilidad, en la Venezuela actual se irrespetan abiertamente los preceptos de la Carta Universal, siendo el caso de la televisora RCTV una muestra más de cuán patente es esta situación. El artículo séptimo de la Declaración de los DDHH proclama que todos somos iguales ante la Ley, y tenemos derecho a igual protección contra toda discriminación. Exactamente lo opuesto a lo realizado contra RCTV. La no renovación de la concesión para transmitir su señal se justificaría, según lo sostenido por funcionarios gubernamentales (en su corriente institucional más disimulada), por un cambio en la “política comunicacional” del Estado, y no por una retaliación gubernamental. Llama la atención entonces que al tiempo que expiraba la concesión de RCTV, le era renovada a otros canales de televisión que poseían (y mantienen) una programación equivalente a la del canal saliente (a excepción por supuesto de su línea informativa). La discriminación y el trato desigual son manifiestos. Es muy difícil entender cómo ante una política de Estado no se aplica por igual las mismas decisiones a todas las televisoras.
Ya dejando más en claro sus motivaciones políticas, el gobierno también ha argumentado que el cese a la concesión se debe a la actitud de apoyo que daría RCTV al “golpe de Estado” del año 2002, a la vez que incita al odio social mostrando escenas de violencia política. Es curioso que no se los haya sancionado por haber mostrado las imágenes del propio Chávez, cuando junto con otros militares protagonizaron un golpe de Estado en el año 1992, lo cual es poco más de lo que se le reprocha en la actualidad. Yendo un poco más allá, la misma actuación criticada por el gobierno a la planta televisiva hoy fuera del aire, fue la realizada por la totalidad de los principales canales privados y emisoras de radio, contra ninguno de los cuales se ejecutó medida similar. Esto es aún más inexplicable cuando incluso un reportero perteneciente a dichas cadenas fue premiado con el premio Príncipe de Asturias al periodismo por la cobertura de los sucesos alrededor de Miraflores el 11 de abril, transmisión que el gobierno ha catalogado en infinitas oportunidades de amañada. De nuevo, es palpable la violación al trato igual frente la Ley y la protección ante la discriminación. En igual sentido, si la actuación de la televisora fue delictiva, esta debe ser juzgada y sancionada conforme al marco legal vigente. A este respecto el artículo décimo de la declaración de los DDHH es claro: “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Sin embargo la televisora fue objeto de una decisión contraria a su continuidad en razón de sus actos, sin haber sido propiamente juzgada.
Otro argumento utilizado por el Gobierno, y quizás el preferido, es que se estaría acabando con la “dictadura mediática” que ejercía RCTV. Este es con mucho el argumento más flojo, y a su vez el que menos resiste un examen a la luz de los DDHH. El artículo décimo noveno de la Declaración establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Con el cese de actividades de RCTV no se hace otra cosa que impedir que un grupo de ciudadanos se reúna y exprese su particular punto de vista a través de los medios que consideran idóneos. En el peor de los casos, si estos ciudadanos fuesen sólo la directiva del canal, a ellos se les estaría violando su derecho, lo cual constituye el propósito contrario del Estado: proteger el derecho de todos, o lo que es igual, el de cada individuo. A este respecto pierde importancia el número de ciudadanos, y sobre todo, su condición (principio de no discriminación). Lo mismo valdría para una comunidad indígena de pocos habitantes, un grupo amas de casa o una asociación de empresarios que quisieran agruparse y transmitir sus creencias, opiniones y formas de vida. Lo que el gobierno ha hecho es parcializarse por un determinado sector para que se expresen, vulnerando el derecho de otros. Esto es inadmisible por cuanto la labor del Estado es la de proteger a todos, y en el caso actual habría bastado con asignarle una frecuencia distinta a la televisora de servicio social que se quiere promover, respetando tanto los derechos de los productores independientes vinculados a ésta como al personal de RCTV.
Como es de esperarse, el efecto de estas medidas perjudica al conjunto de la sociedad, por cuanto la actuación que se permite al Estado contra uno de sus ciudadanos, se le está permitiendo en lo sucesivo contra todos.
La primera víctima de la decisión gubernamental de afectar a RCTV es, como bien lo ha sabido reconocer la opinión pública, la libertad de expresión. El mensaje ha quedado claro para todos: si pudieron sacar del aire a la televisora más antigua y de mayor audiencia del país a causa de su línea informativa, pueden hacerlo con cualquier otra. Esta intimidación constituye otra violación más de los DDHH, en cuya Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión expone en su artículo treceavo:
“La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
El que la mayor parte de los medios de comunicación hayan aligerado o abandonado por completo su crítica al gobierno no es señal de que avancemos hacia una democracia más constructiva, por el contrario es una muestra de cómo existen limitaciones ciertas a la libertad de comunicar lo que se piensa, y de una aceptación pasiva a lo que decida el régimen.
Pero si pudiese jerarquizar en gravedad la violación de alguno de los artículos de la Declaración de los DDHH, tendría que convenirse que la mayor pérdida se ha dado el propio principio rector de la Declaración, su artículo primero:
“Todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
El espectáculo lamentable de afectos al presidente celebrando el cierre de RCTV, en una fiesta promovida y organizada por el propio gobierno, recuerda a los castigos infligidos a los judíos en la Alemania Nazi, donde se les humillaba públicamente sometiéndolos a trabajos denigrantes frente a la mirada socarrona de los transeúntes. ¿Exactamente qué estaban celebrando estas personas? ¿El que un sector importante de nuestra sociedad se quedara sin lo que considera un medio de expresión que lo refleja, el que a una particular postura ante el gobierno fuese acallada y que cada vez más se escuchen sólo sus propias voces, el que miles de personas se quedaran sin sustento, o el que el gobierno pasara sin compasión su aplanadora sobre sus enemigos? En cualquier caso no fue una sociedad que mostraba sus atributos más loables, como el entendimiento, la solidaridad, la convivencia, la racionalidad, la colaboración, o incluso la piedad. Lo que se vio fue a una masa ebria de victoria dispuesta a pisotear a su contrincante hasta anularlo. Para quienes encabezan el gobierno existe una guerra contra todo lo que se oponga a sus fines (recuérdese: patria, socialismo o muerte), y no dudan en utilizar las instituciones del Estado como instrumentos de esa lucha, las cuales lanzan contra el “enemigo”. Lejos quedan las nociones de fraternidad, igualdad y dignidad. Para el gobierno quienes les somos opuestos no calificamos como seres humanos.
luisantoniosanchez@yahoo.com
www.analitica.com
Luis Sánchez
Viernes, 8 de junio de 2007
"Estoy en completo desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida por tu derecho a expresarlas..." Frase de Evelyne Beatrice Hall atribuida a Voltaire
La variación que ha experimentado la democracia a lo largo de la historia, así como de una sociedad a otra, ha hecho que el debate acerca de lo que debemos esperar de ella permanezca vigente. Pero en la actualidad existe consenso suficiente en que la democracia debe ser un régimen que promueva el ejercicio de los Derechos Humanos. Su consecución son los medios y el fin mismo de la democracia. No en vano todos los países que en la actualidad han asumido esta forma de gobierno están adscritos a la ONU, con lo cual suscriben la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Incluso en varios de estos países, como en el caso venezolano, sus Constituciones señalan de manera expresa este compromiso.
No obstante haber asumido tal responsabilidad, en la Venezuela actual se irrespetan abiertamente los preceptos de la Carta Universal, siendo el caso de la televisora RCTV una muestra más de cuán patente es esta situación. El artículo séptimo de la Declaración de los DDHH proclama que todos somos iguales ante la Ley, y tenemos derecho a igual protección contra toda discriminación. Exactamente lo opuesto a lo realizado contra RCTV. La no renovación de la concesión para transmitir su señal se justificaría, según lo sostenido por funcionarios gubernamentales (en su corriente institucional más disimulada), por un cambio en la “política comunicacional” del Estado, y no por una retaliación gubernamental. Llama la atención entonces que al tiempo que expiraba la concesión de RCTV, le era renovada a otros canales de televisión que poseían (y mantienen) una programación equivalente a la del canal saliente (a excepción por supuesto de su línea informativa). La discriminación y el trato desigual son manifiestos. Es muy difícil entender cómo ante una política de Estado no se aplica por igual las mismas decisiones a todas las televisoras.
Ya dejando más en claro sus motivaciones políticas, el gobierno también ha argumentado que el cese a la concesión se debe a la actitud de apoyo que daría RCTV al “golpe de Estado” del año 2002, a la vez que incita al odio social mostrando escenas de violencia política. Es curioso que no se los haya sancionado por haber mostrado las imágenes del propio Chávez, cuando junto con otros militares protagonizaron un golpe de Estado en el año 1992, lo cual es poco más de lo que se le reprocha en la actualidad. Yendo un poco más allá, la misma actuación criticada por el gobierno a la planta televisiva hoy fuera del aire, fue la realizada por la totalidad de los principales canales privados y emisoras de radio, contra ninguno de los cuales se ejecutó medida similar. Esto es aún más inexplicable cuando incluso un reportero perteneciente a dichas cadenas fue premiado con el premio Príncipe de Asturias al periodismo por la cobertura de los sucesos alrededor de Miraflores el 11 de abril, transmisión que el gobierno ha catalogado en infinitas oportunidades de amañada. De nuevo, es palpable la violación al trato igual frente la Ley y la protección ante la discriminación. En igual sentido, si la actuación de la televisora fue delictiva, esta debe ser juzgada y sancionada conforme al marco legal vigente. A este respecto el artículo décimo de la declaración de los DDHH es claro: “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. Sin embargo la televisora fue objeto de una decisión contraria a su continuidad en razón de sus actos, sin haber sido propiamente juzgada.
Otro argumento utilizado por el Gobierno, y quizás el preferido, es que se estaría acabando con la “dictadura mediática” que ejercía RCTV. Este es con mucho el argumento más flojo, y a su vez el que menos resiste un examen a la luz de los DDHH. El artículo décimo noveno de la Declaración establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Con el cese de actividades de RCTV no se hace otra cosa que impedir que un grupo de ciudadanos se reúna y exprese su particular punto de vista a través de los medios que consideran idóneos. En el peor de los casos, si estos ciudadanos fuesen sólo la directiva del canal, a ellos se les estaría violando su derecho, lo cual constituye el propósito contrario del Estado: proteger el derecho de todos, o lo que es igual, el de cada individuo. A este respecto pierde importancia el número de ciudadanos, y sobre todo, su condición (principio de no discriminación). Lo mismo valdría para una comunidad indígena de pocos habitantes, un grupo amas de casa o una asociación de empresarios que quisieran agruparse y transmitir sus creencias, opiniones y formas de vida. Lo que el gobierno ha hecho es parcializarse por un determinado sector para que se expresen, vulnerando el derecho de otros. Esto es inadmisible por cuanto la labor del Estado es la de proteger a todos, y en el caso actual habría bastado con asignarle una frecuencia distinta a la televisora de servicio social que se quiere promover, respetando tanto los derechos de los productores independientes vinculados a ésta como al personal de RCTV.
Como es de esperarse, el efecto de estas medidas perjudica al conjunto de la sociedad, por cuanto la actuación que se permite al Estado contra uno de sus ciudadanos, se le está permitiendo en lo sucesivo contra todos.
La primera víctima de la decisión gubernamental de afectar a RCTV es, como bien lo ha sabido reconocer la opinión pública, la libertad de expresión. El mensaje ha quedado claro para todos: si pudieron sacar del aire a la televisora más antigua y de mayor audiencia del país a causa de su línea informativa, pueden hacerlo con cualquier otra. Esta intimidación constituye otra violación más de los DDHH, en cuya Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión expone en su artículo treceavo:
“La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.
El que la mayor parte de los medios de comunicación hayan aligerado o abandonado por completo su crítica al gobierno no es señal de que avancemos hacia una democracia más constructiva, por el contrario es una muestra de cómo existen limitaciones ciertas a la libertad de comunicar lo que se piensa, y de una aceptación pasiva a lo que decida el régimen.
Pero si pudiese jerarquizar en gravedad la violación de alguno de los artículos de la Declaración de los DDHH, tendría que convenirse que la mayor pérdida se ha dado el propio principio rector de la Declaración, su artículo primero:
“Todos los seres humanos nacen libre e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
El espectáculo lamentable de afectos al presidente celebrando el cierre de RCTV, en una fiesta promovida y organizada por el propio gobierno, recuerda a los castigos infligidos a los judíos en la Alemania Nazi, donde se les humillaba públicamente sometiéndolos a trabajos denigrantes frente a la mirada socarrona de los transeúntes. ¿Exactamente qué estaban celebrando estas personas? ¿El que un sector importante de nuestra sociedad se quedara sin lo que considera un medio de expresión que lo refleja, el que a una particular postura ante el gobierno fuese acallada y que cada vez más se escuchen sólo sus propias voces, el que miles de personas se quedaran sin sustento, o el que el gobierno pasara sin compasión su aplanadora sobre sus enemigos? En cualquier caso no fue una sociedad que mostraba sus atributos más loables, como el entendimiento, la solidaridad, la convivencia, la racionalidad, la colaboración, o incluso la piedad. Lo que se vio fue a una masa ebria de victoria dispuesta a pisotear a su contrincante hasta anularlo. Para quienes encabezan el gobierno existe una guerra contra todo lo que se oponga a sus fines (recuérdese: patria, socialismo o muerte), y no dudan en utilizar las instituciones del Estado como instrumentos de esa lucha, las cuales lanzan contra el “enemigo”. Lejos quedan las nociones de fraternidad, igualdad y dignidad. Para el gobierno quienes les somos opuestos no calificamos como seres humanos.
luisantoniosanchez@yahoo.com
www.analitica.com
viernes, junio 01, 2007
RCTV LIBRE
Este 28 de mayo, el gobierno de Venezuela cerró la cadena de televisión más popular del país al no renovarle la concesión a RCTV. Este duro golpe contra la libertad de expresión se convirtió también en una violación al derecho a la propiedad, cuando el gobierno confiscó los equipos de RCTV dos días antes de su cierre. Desde entonces, el canal de noticias Globovisión ha sido igualmente amenazado por el presidente venezolano. Los otros canales privados (Venevisión y Televen) ya autocensuran su línea editorial y se han plegado a la política del gobierno. Gracias por visitar este sitio web, un proyecto de la Human Rights Foundation. ¡Te invitamos a levantar tu voz en contra de la censura!
http://www.freerctv.com/es/petition.php
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