Una vez mas LAPD utiliza su fuerza excesiva

El LAPD disparó 240 veces

Acusan a los agentes de usar fuerza excesiva y preparan varias demandas


Jorge Morales Almada
jorge.morales@laopinion.com
03 de mayo de 2007


Los 240 disparos de balas de goma que los agentes del Departamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD) realizaron en contra de los manifestantes que exigían una reforma migratoria el pasado martes serán objeto de por lo menos tres investigaciones de diferentes cuerpos para determinar el por qué de lo sucedido.

Mientras el jefe del LAPD, William Bratton, hacía el anuncio de las pesquisas y daba a conocer el total aproximado de los disparos, miembros del Gremio Nacional de Abogados y otros representantes de los derechos civiles daban a conocer que las acciones de los agentes involucrados serán objeto de demandas.

"Hacer 240 rondas de disparos es preocupante y grave", reconoció el jefe del LAPD, William Bratton.

Aunque de manera insistente Bratton dijo que las balas de goma no son letales, estudios recientes advierten que ese tipo de munición puede llegar a causar la muerte.

Los disparos, según se observa en las imágenes de la televisión, fueron hechos a la multitud de manera directa, en la que había mujeres, niños y ancianos.

El jefe Bratton indicó ayer en conferencia de prensa que fueron alrededor de 600 los policías que participaron en el operativo.

A cargo de ellos, señaló, estaba el subjefe Cayler "Lee" Carter, un veterano agente encargado de la oficina central de la corporación.

Indignados por la reacción de la policía, los organizadores de las marchas calificaron de excesiva la intervención policiaca y pidieron una investigación amplia y completa.

Bratton aseguró que ya se están llevando a cabo tres investigaciones, una interna en la corporación, otra de la Comisión de Policía, y una más a cargo del inspector general, Andre Birotte.

John Mack, presidente de la Comisión de Policía, indicó que el alcalde Antonio Villaraigosa le ha pedido revisar el caso para llegar al fondo.

El jefe del LAPD señaló que de conformidad con el Decreto de Consentimiento, políticas y procedimiento de la corporación, llevarán a cabo una amplia y detallada investigación que refleje lo que sucedió esa tarde en el parque MacArthur.

Después del incidente, dijo Bratton, se reunió de inmediato con varios comandantes de la corporación para iniciar las investigaciones.

Una de las líneas de la investigación se refiere a evaluar la operación para presentar un reporte de lo sucedido al Concejo Municipal, la cual estará a cargo el subjefe Earl Paysinger.

Otra línea se enfocará a revisar el uso de la fuerza y que estará dirigida por el subjefe Mark Pérez, la División de Asuntos Internos y la Oficina de Estándares Profesionales.

El jefe Bratton pidió al público que si tiene información o quejas relacionadas con el incidente del parque MacArthur, llamar a Asuntos Internos, al teléfono 1-800-339-6868 o al inspector general, al 1-213-202-5866.

Otros que pidieron reportar los incidentes, fueron los organizadores de la marcha a los números 1-888-624-4752 y 1-213-252-9444, para determinar los próximos pasos legales.

Abogados de derechos civiles también están planeando acciones legales en contra del LAPD.

Colleen Flynn, integrante del Gremio Nacional de Abogados, quien fue testigo del incidente, comentó que la policía puso en riesgo a muchas personas con su acción.

Indicó que la policía no advirtió a los asistentes al mitin de que debían desalojar el parque, ni de que iban a disparar.

"La gente no sabía lo que estaba pasando, no tenía idea de que la policía iba a llegar así, la policía no tenía justificación para disparar a la gente, el parque estaba lleno de familias, de mujeres con niños, y no tuvieron tiempo de irse", comentó la abogada.

Junto a Cynthia Anderson, otra abogada de derechos civiles, Flynn indicó que están preparando una demanda.

"A favor de la gente que fue atacada ayer [el martes] y esperamos que podamos ganar dinero por los daños y cambiar algunas de las políticas de la policía", mencionó.

El caso, dijo, será muy similar a lo sucedido después de la Convención Nacional Demócrata en el año 2000, cuando la policía tuvo que pagar 1.7 millones de dólares.

El concejal Ed Reyes, representante del distrito donde se ubica el parque MacArthur, pidió disculpas a la comunidad por lo sucedido y dijo que no pararán hasta que se resuelva el caso y se recupere la confianza de la gente.

Ayer el Concejo Municipal aprobó una moción del concejal Reyes para que el jefe de policía y la Comisión de Policía, en un plazo de 30 días, entreguen un reporte de lo sucedido, y definan qué tácticas usaron, por qué tomaron esa decisión y qué van a hacer para prevenir que ese tipo de incidentes ocurran de nuevo.

Los activistas de la marcha, que dijeron sentirse indignados por la acción policiaca, aseguraron que no pararán en sus intenciones por obtener una reforma migratoria amplia y justa.

Angélica Salas, directora de Coalición de Los Ángeles para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que la acción policial fue excesiva e injustificada, porque los miles de personas que marcharon obedecieron todas las instrucciones de la policía.

La líder sindical, María Elena Durazo, dijo que el incidente ha provocado una mala imagen de Los Ángeles, por lo que pidió soluciones permanentes en el LAPD para evitar que no se repitan incidentes como el del martes 1 de mayo.

Ángela Sanbrano, directora de CARECEN, fue más allá y dijo que la policía no estaba preparada para salvaguardar la seguridad de los manifestantes, sino para atacarlos.

"El ataque de la policía en contra de la comunidad empezó a darse desde antes, cuando se rehusaron a dar el permiso", dijo Sanbrano.

La Coalición Somos América no obtuvo un permiso de la policía para poder marchar por las calles, por lo que tuvieron que hacerlo por las aceras.

El padre Luis Ángel Nieto consideró el hecho como "la más evidente desproporción en el uso de la fuerza", y destacó que desde una hora antes de los disturbios, alrededor de 50 personas le comentaron que la policía los estaba provocando echándoles las motocicletas encima durante la marcha.

El incidente, según el LAPD, se dio debido a que un reducido grupo de jóvenes agredieron a un policía.

Los organizadores rechazaron que ese grupo de jóvenes, identificados como anarquistas, sean parte del movimiento pro inmigrante.

Para el presidente de la Asamblea de California, Fabián Núñez, se trató de un acto reprochable.

"Estoy completamente indignado, no puedo creer que el LAPD no sepa cómo resolver tácticamente un problema con un pequeño grupo de personas que estaban completamente desconectados a la marcha", comentó.